GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ¿DE VERDAD IMPORTA EN CHILE?

Frente a los incendios que están ocurriendo en la zona centro sur de nuestro país, que año a año se repiten; frente a la lenta (por no decir ineficiente) reconstrucción de la zona de Viña del Mar afectada por los incendios el año pasado y frente a la mínima exigencia que existe por parte de SENAPRED en la recomendación favorable de los Planes Comunales de RRD y Planes de Emergencia, cabe preguntarse: ¿de verdad importa la Reducción del Riesgo de Desastres en el país? ¿se quiere disminuir los impactos de los desastres y salvar la vida de las personas?

Reflexionemos un poco. La ley 21.364 que crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), fue ingresado como proyecto el año 2010, aprobándose recién el año 2021, ¡once años después! Años donde hubo erupciones volcánicas, grandes incendios forestales, terremotos, inundaciones y otras emergencias. Llama la atención ver la insensibilidad que existe en torno a estos temas.

Con la ley aprobada, se comenzó a exigir a las municipalidades la construcción de sus Planes Comunales de Reducción de Riesgo (PCRRD) y Planes de Emergencia (PCE) con sus Anexos por Amenazas. Dichos instrumentos de gestión de riesgo son esenciales para que los gobiernos locales puedan contar con información detalla de la realidad comunal en cuanto a sus amenazas, exposición y vulnerabilidad, debiendo zonificar su riesgo para poder tomar decisiones preventivas y de respuesta. Sin embargo, el cumplimiento en la elaboración de estos planes se volvió en completar un formulario para que SENAPRED lo recomiende favorablemente, tanto así, que ha recomendado favorablemente PCRRD y PCE ¡sin que estos cuenten con ningún mapa de riesgo! Cómo puede un municipio tomar decisiones si no sabe dónde se encuentra la población más vulnerable, ¿cómo gestiona sus capacidades si no sabe dónde están ubicadas? ¿cómo identifica albergues en zonas seguras si no tiene el detalle de la distribución espacial de sus amenazas? En resumen, ¿cómo puede ser recomendado un PCE sin que tenga el diagnostico detallado del riesgo comunal? Bueno, actualmente son recomendados por SENAPRED para “ayudar” a los municipios a cumplir con la ley.

Ahora, la ley 21.364 creó el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde los municipios pueden concursar para la asignación de recursos que les permitan contratar especialistas que los ayuden a elaborar el PCRRD y el PCE. Pues bien, este fondo se crea con un presupuesto de $100, incrementándose al año siguiente en $10.000 para todo el país. El año 2024, por primera vez, se lanzó el fondo concursable, donde los municipios podían optar al financiamiento en la elaboración de sus planes, cuyos presupuestos eran $7.000.000 para los PCRRD y $5.000.000 para elaborar el PCE.

Un PCRRD establece acciones orientadas a reforzar capacidades y disminuir vulnerabilidades del territorio comunal en materia de GRD, a partir de la declaración de implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo y, consta de, al menos, cinco partes: Marco Comunal para la RRD, donde se deben revisar todos los instrumentos de planificación comunal y regional que podrían estar vinculados; la Descripción del Riesgo Comunal (Amenazas, Vulnerabilidades y Exposición), donde se debe identificar, describir y analizar el riesgo de desastres comunal – parte esencial para las etapas siguientes -; Identificación de Acciones Estratégicas estructurales y no estructurales (indicando de donde se podría obtener el financiamiento y plazo de ejecución); elaborar un plan de Seguimiento para velar por su cumplimiento y la identificación de las Vulnerabilidades Territoriales no abordadas en el Plan. Por su parte, el PCE contempla la Descripción del Riesgo Comunal (Amenazas, Vulnerabilidades y Exposición); determinación de la Activación del Plan Comunal de Emergencia; determinación de  Roles y Funciones; conformación del Comité Comunal Para la GRD en Fase de Respuesta; determinación de la Coordinación – Procesos de la Fase de Respuesta y la Implementación, revisión y actualización del Plan.

Se entiende entonces que ambos planes, deben ser construidos por equipos multi e interdisciplinarios para que cumplan con la escala de análisis que requiere un municipio para tomar decisiones eficientes, eficaces y oportunas frente al riesgo de desastres, donde, al menos, debe haber geógrafos, geólogos, geomáticos, especialistas en planificación estratégica, prevencionistas de riesgo, por mencionar sólo algunos. Un equipo así, trabajando por 6 a 10 meses, resulta imposible financiarlo con el diminuto presupuesto que se asignó, siendo más bien una burla y evidenciando que al Estado, lamentablemente, no le interesa invertir en este tema.

Es más, el mismo SENAPRED que hizo concursar a las comunas de Chile por igual, para lograr la asignación de 7 o 5 millones, se encuentra hoy día licitando la elaboración de los PCRRD de siete comunas en la Región de Tarapacá, por más de $140.000.000, en promedio $20.000.000 por plan. Si bien, y esperemos que sea así, este presupuesto puede haber sido entregado por otro servicio y SENAPRED sólo está realizando la licitación, resulta poco serio de su parte, que no haya sido capaz de aprovechar ese monto y considerar más comunas o, indicarle al mandante, que ese valor es muy superior al que ellos están entregando al resto de las comunas a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, o mejor aún, considerar de manera razonable, que debe aumentar el monto diminuto que entrega por elaborar los mismos planes a los municipios.

En resumen, si de verdad interesara la Gestión del Riesgo de Desastres y salvar la vida de las personas, se debería fomentar, por parte del “organismo técnico rector”, que estos instrumentos se elaboren con el debido detalle y calidad de información, y no solo con la finalidad de cumplir un indicador, donde se les hace un flaco favor a los gobiernos locales, quienes con sus escasos recursos y múltiples obligaciones, tratan de realizar lo mejor posible; y a su vez, son los primeros que responden frente a un desastre.


 

Dra. Fabiola Barrenechea Riveros
Directora Ejecutiva
Fundación Intergeographic

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